La Asamblea General respaldó abrumadoramente la protección de los Derechos Humanos de las comunidades indígenas, adoptando una Declaración que rompe casi 25 años de negociaciones contenciosas sobre los derechos de las poblaciones nativas para proteger sus tierras y recursos y para mantener sus culturas y tradiciones unificadas.
 
La abrumadora votación dio por resultado 143 votos a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos), y 11 abstenciones (Azerbaiján, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa, Ucrania). La Asamblea adoptó la Declaración que establece los derechos individuales y colectivos para los 370 millones de nativos en el mundo entero, para la conservación y el fortalecimiento de las identidades culturales propias, enfatizando sus derechos y buscando el desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones.
 
Argumentando su voto luego de la adopción del texto, el representante de Canadá dijo que, desgraciadamente, la provisión de tierras, territorios o recursos es poco clara en la Declaración y puede ser interpretada de diferentes maneras y destacó la necesidad de reconocer un rango de derechos sobre la tierra, a la vez que se permitió cuestionar temas bajo tratamiento.
 
El representante de Estados Unidos dijo que estaba en desacuerdo con el Consejo de Derechos Humanos que no ha respondido el llamado de su país, hecho en sociedad con los miembros del Consejo, para generar un texto consensuado. La Declaración ha sido adoptada por el Consejo en un voto fragmentado “…y tiene el riesgo finalmente de una interpretación y debate conflictivos con respecto a su interpretación, como se evidencia por el número complejo de usos interpretativos por parte de los Estados para su adopción y Estados Unidos no acostumbra dejar supuestos en un texto”.
 
El representante de Australia dijo que su gobierno hace tiempo que expresa su insatisfacción en referencia a la propia determinación en el texto. La propia determinación se aplica a las situaciones de descolonización y el desmembramiento del Estado en pequeños estados con grupos claramente definidos de población.
 
También se aplica cuando un grupo particular con un territorio definido tiene denegados sus derechos civiles o políticos. Australia sostiene el compromiso completo de los indígenas en el proceso de decisión de la estructura democrática, pero no adhiere a un concepto que puede ser entendido como una acción orientada que podría, parcial o totalmente, dañar la integridad territorial y política de un Estado con un sistema de gobierno democrático y representativo.
 
En un encuentro informal luego de la adopción del texto, Victoria Tauli Corpus, presidenta del Foro Permanente por Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, dijo: “Este día quedará en nuestra memoria como un triunfo significativo en la larga lucha de nuestra gente por nuestros derechos”. Declaró respetar las interpretaciones hechas por los Estados Miembros, pero los indígenas creen que el significado y las implicancias de la Declaración no deben de ninguna manera minimizarse. Esto es motivo de discriminación. “Para nosotros, la forma correcta de interpretar la Declaración es leerla en su totalidad o de una manera holística y relacionarla con el derecho internacional existente”, dijo.
 
Dijo también que la implementación efectiva de la Declaración podría probar el compromiso de los Estados y de la comunidad Internacional para proteger y respetar a los colectivos indígenas y a los derechos humanos individuales. “Llamo a los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas, la gente indígena, la sociedad civil en general, a levantarse en una tarea histórica y construir un documento de vida para el futuro común de la humanidad”, concluyó.
 
Les Malezer, jefe del Caucus Indígena Global, dijo que “con la adopción de la Declaración, las Naciones Unidas y la gente indígena ha creado un terreno común. El texto no representa el punto de vista único de las Naciones Unidas, ni representa el punto de vista de todo el mundo indígena. Se basa en el mutuo respeto. Este no contiene nuevas provisiones en derechos humanos. Se basa en derechos que fueron aprobados por las Naciones Unidas dentro de su sistema pero de alguna forma, a lo largo de los años, se le han negado a las comunidades indígenas. Es un marco de trabajo con el que cuentan los Estados para proteger y promover los derechos de la gente indígena sin exclusión y sin discriminación.