En 1992, La ONU celebró la conferencia de la Primera Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, para señalar la destrucción de la selva tropical del Amazonas.
 
La selva que se extiende en la llanura que ocupa la cuenca del río Amazonas abarca 3.500.000 km2, o sea el 42 % del territorio total.
 
El clima ecuatorial, con temperaturas sumamente elevadas y abundantes lluvias a lo largo de todo el año, favorece el desarrollo de esta reserva verde del planeta.
 
Posee más de 8.000 especies vegetales y llega a alcanzar en los estratos superiores más de 30 metros de altura.
 
Allí vive el 90 % de la fauna y flora del mundo y es uno de los ecosistemas más complejos.
 
La deforestación gana terreno día a día para dedicarlo a tierras de cultivo. La destrucción del Amazonas se produce a un ritmo de 4 km2 por hora y, como resultado de esta devastación, se está reduciendo la biodiversidad o diversidad genética.
 
Los ecologistas del mundo están atentos activamente para frenar estos problemas irreversibles.
 
También enfrenta el país otras dificultades ambientales, como ser la extracción de bauxita a cielo abierto, hecho que contamina los ríos y amenaza por consiguiente el hábitat de los indios que allí viven.
 
La contaminación industrial en las ciudades agrava aún más la situación del gran pulmón natural del mundo.
 
La deforestación indiscriminada está transformando la selva en una zona seca, presa fácil del fuego y contribuye al calentamiento global.
 
El mundo desarrollado debe ser consciente también de la responsabilidad que le cabe en el quiebre de este delicado ecosistema.
 
Por ejemplo, el daño que está causando la soja cultivada que sirve para alimentar la ganadería de exportación a expensas de la selva brasileña por parte de las empresas trasnacionales.
 
Lo mismo ocurre con la madera y otras materias primas que se explotan en la región. Por esto es que el desarrollo y salud ambiental de Brasil depende también de un cambio en la política internacional que atenúe las negativas consecuencias ambientales de la deforestación.
 
A partir de los últimos años comenzaron a suspenderse los incentivos de inversión en la Amazonia y existe una ley nacional que prohíbe que se establezcan empresas que alteren el equilibrio del ecosistema amazónico.